Artículo 1º.-

Para el ejercicio de la profesión de Intérprete Público se requiere poseer el título correspondiente, de lo expresamente exceptuado en esta Ley.

Artículo 2º.-

El aspirante al título de Intérprete Público deberá someterse a un examen de Castellano, de los idiomas correspondientes y demás conocimientos necesarios y obtener en cada materia la calificación exigida por la Ley de Educación para ser aprobado.
Lo relativo a la solicitud de examen, modo de realizarlo, designación de jurado examinador, pago de emolumentos y demás requisitos, será determinado por el Reglamento.

Artículo 3º.-

Cumplidos que sean los requisitos exigidos, el Ministerio de Justicia, por intermedio del funcionario que designe el Reglamento, expedirá al interesado el interesado el título de Intérprete Público, previo el juramento de ley.
Los trámites que deben cumplirse para este acto serán determinados por el Reglamento.

Artículo 4º.-

El título deberá ser registrado en la Oficina Principal de Registro del Distrito Federal y presentado para su inscripción al Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción del lugar donde el Intérprete Público ejerza su oficio. La omisión de estos requisitos priva al interesado del derecho de cobrar judicialmente emolumentos u honorarios por servicios profesionales.

Artículo 5º.-

Los jueces y otros funcionarios ante quienes curse un asunto de cualquier naturaleza donde se requiera la actuación de intérprete Público, podrán designar y juramentar a personas que no posean el título oficial, siempre que posean conocimientos suficientes en el idioma o idiomas respectivos, sin en el lugar no residieren intérpretes públicos, o si los residentes no pudieren actuar por impedimentos físicos o cualquier causa legal. Cuando se hiciere uso de esa facultad, se enviará al Ministerio de Justicia copia certificada del acta de juramentación.

Artículo 6º.-

Los Interpretes Públicos y las personas a que se refiere el artículo anterior serán responsables conforme a las leyes de la exactitud de las interpretaciones y traducciones que realicen.

Artículo 7º.-

Los Interpretes Públicos que en el ejercicio de su profesión incurran en falta no sancionada por el Código Penal, podrán ser suspendidos administrativamente de dicho ejercicio hasta por seis meses. Esta sanción podrá elevarse hasta el doble en caso de reincidencia.

Artículo 8º.-

El procedimiento para la imposición de la suspensión prevista en el artículo anterior, comenzará de oficio o por denuncia ante el Ministro de Justicia, quien comunicará al inculpado el hecho que se le imputa y abrirá un lapso de quince días continuos, con excepción de los feriados y de vacaciones, más el término de la distancia, para la promoción y evacuación de las pruebas conducentes. Con vista de las pruebas evacuadas por promoción del inculpado o por orden del mencionado Ministro, éste pronunciará decisión motivada dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del término probatorio. Dentro de los tres días siguientes a la fecha de la decisión el procesado podrá apelar para ante la Corte Federal.
La suspensión que hubiese quedado firme se notificará al Registrador Principal del Distrito Federal y al Juez de Primera Instancia en 1º Civil de la jurisdicción del lugar donde el Intérprete público ejerza su oficio, y se publicará en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA y empezará a correr desde la fecha de la publicación.

Artículo 9º.-

Las disposiciones de la presente Ley no serán aplicables a los interpretes que designen el Ministerio de Relaciones Exteriores o las Aduanas de la República.

Artículo 10.-

La presente Ley entrará en vigencia el 1º de agosto de 1956 y a partir de esa fecha quedará derogada la Ley de Interpretes Públicos, de 27 de junio de 1928.

PEDRO AGUSTIN DUPOUY.

AURELIO FERRERO TAMAYO.

Héctor Borges Acevedo.
Rafael Brunicardi. 

MARCOS PEREZ JIMENEZ