Artículo 1.-

La Ley de Carrera Judicial tiene por finalidad asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces y regular las condiciones para su ingreso, permanencia y terminación en el ejercicio de la Judicatura, así como determinar la responsabilidad disciplinaria en que incurran los jueces en el ejercicio de sus funciones

Artículo 2.-

La administración de justicia es una función pública esencial del Estado.  La garantía de estabilidad que asegura a los jueces esta Ley no podrá sobrepasar nunca el interés general en la recta administración de justicia.

Artículo 3.-

Los jueces gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser removidos o suspendidos en el ejercicio de sus funciones en los casos y mediante el procedimiento que determina esta Ley. Los jueces están obligados a procurar un rendimiento satisfactorio en el ejercicio de sus funciones, de manera que contribuyan a una pronta y eficaz administración de Justicia

Artículo 4.-

Gozarán de los beneficios de la Carrera Judicial los jueces de la jurisdicción ordinaria y de la especial. Igualmente gozarán de los beneficios de la Carrera Judicial, pero solamente en lo relativo a la Seguridad Social, los Consejeros del Consejo de la Judicatura así como los Magistrados de las Cortes de lo Contencioso-Administrativo.
Quedan exceptuados de la aplicación de esta Ley los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Jueces de la Jurisdicción Militar.

Artículo 5.-

El Consejo de la Judicatura llevará un expediente de cada juez que contendrá sus datos personales, la fecha y la forma de su ingreso a la judicatura; la Circunscripción Judicial o región a que pertenece y la categoría que tiene; la hoja de servicios; el informe anual de su rendimiento y la cantidad de sentencias dictadas; la duración de los procesos; la observancia de los plazos y términos procesales; los diferimientos de las sentencias; las denuncias interpuestas contra el juez y las decisiones recaídas; los ascensos, traslados y cambios; la declaración jurada de bienes, en la forma que lo disponga la Contraloría General de la República, y todas las demás informaciones relativas a la conducta moral y al rendimiento del juez.

Artículo 6.-

El sueldo de los jueces se fijará en armonía con la categoría a que pertenezcan en el escalafón judicial. Sin embargo, podrán establecerse bonificaciones especiales para los titulares de aquellos Tribunales y Cortes que acusen un volumen de trabajo que las justifiquen, todo a juicio del Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura determinará lo relativo a la prima de antigüedad conforme a esta Ley.
El sueldo de los jueces no podrá ser disminuido, salvo que se trate de una medida de carácter general, aplicable también a las otras ramas del Poder Público.