Artículo 1.-

Las concesiones para la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de obras públicas nacionales y para la prestación de servicios públicos nacionales se otorgarán mediante contratos que celebrarán el Ejecutivo Nacional de conformidad en lo dispuesto en el presente decreto.
Este decreto se aplicará también a las concesiones de institutos autónomos y empresas públicas de capital nacional. En estos casos el Presidente de la República designará a un Ministro del sector para que dirija y coordine el proceso licitatorio y suscriba el contrato de concesión.

Artículo 2.-

A los efectos de este decreto se entiende por obra pública nacional toda construcción, tales como carreteras, ferrocarriles, puertos, túneles, viaductos, obras hidráulicas y de saneamiento, edificios, fortificaciones, aeropuertos, monumentos y otras obras análogas, así como la reforma, reparación y conservación de los mismos bienes, que se ejecute con fondos nacionales o con fondos privados bajo el sistema de concesión.

Artículo 3.-

A los efectos de este decreto se entiende por concesión de servicio público el modo indirecto de gestionar, mediante contrato, los servicios públicos de competencia nacional que tengan un contenido económico y sean susceptibles de explotación por los concesionarios, quienes asumen, por su cuenta y riesgo, la responsabilidad de explotar el servicio a cambio de percibir de los usuarios una cantidad de dinero que se determinará mediante tarifa.

Artículo 4.-

Se declara de utilidad pública la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de las obras públicas a las que se refiere el artículo 2º.

Artículo 5.-

Las concesiones de obras públicas nacionales tendrán por objeto la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de nuevas obras o la explotación, conservación y mantenimiento de obras ya construidas.

Artículo 6.-

Corresponderá al Ejecutivo Nacional dictar el decreto de cada concesión el cual contendrá:

1) La decisión de otorgar en concesión la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de una nueva obra pública o la explotación, conservación y mantenimiento de una obra ya construida así como la de dar en concesión un servicio público determinado.
2) Las condiciones generales y particulares de la concesión.
3) Las características generales de la obra o del servicio.
4) Cualquier otro particular que señale el Ejecutivo Nacional.

Artículo 7.-

La República no garantizará la obtención de provento alguno sobre los capitales que el concesionario invierta para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en los contratos de concesión.
El Ejecutivo Nacional ejercerá, durante la concesión, los poderes de supervisión y control necesarios para asegurar la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de las obras públicas concedidas, así como el buen funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 8.-

El ejecutivo nacional tendrá a su cargo:

1) El estudio y elaboración de las normas y procedimientos técnicos para la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de las obras que serán dadas en concesión, así como para la explotación de los servicios.
2) El estudio y elaboración de las normas y procedimiento para la selección del concesionario.
3) La selección del concesionario.
4) La supervisión, inspección y control de la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de las obras y de la explotación del servicio.
5) La supervisión, inspección y control del concesionario y de sus contratistas.
6) Las demás actividades necesarias para asegurar el fiel cumplimiento delas obligaciones del concesionario

Artículo 9.-

La duración de la concesión no podrá exceder de cincuenta años contados a partir de la firma del contrato.

Artículo 10.-

El concesionario estará sometido al ordenamiento jurídico venezolano y a la jurisdicción de los tribunales de la República.
El Ejecutivo Nacional y el concesionario podrán convenir que en las dudas y controversias que puedan suscitarse con motivo de la interpretación o ejecución del contrato de concesión se decidan por un tribunal arbitral cuya composición, competencia, procedimiento y derecho aplicable serán determinado s por las partes.

Artículo 11.-

Los contratos de concesión y los derechos que les sean inherentes no podrán transferirse, cederse o enajenarse, directa ni indirectamente, sin la previa autorización del Ejecutivo Nacional. La cesión sólo podrá hacerse a una sociedad anónima que reúna los requisitos establecidos en este decreto y quedará condicionada a la efectiva constitución de dicha sociedad.

Artículo 12.-

El Ejecutivo Nacional o el concesionario según lo disponga el decreto de concesión, estará obligado a realizar los estudios y análisis técnicos que sean necesarios para la determinación de las características de las obras y de los servicios a concederse.