El presente Decreto Ley tiene como objeto crear, estimular, promover y desarrollar el Sistema Microfinanciero orientado a facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y autosugestionarías, las empresas familiares, las personas naturales autoempleadas o desempleadas y cualesquiera otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, que desarrollen o tengan iniciativas para desarrollar una actividad económica, a objeto de integrarlas en las dinámicas económicas y sociales del país.

    Este Decreto Ley se sustenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título III, Capítulo V  "De los Derechos Sociales y de las familias", Capítulo VII "De los derechos económicos" y el Título VI, Capítulo I "Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía"; la cual prevé el derecho al trabajo, el derecho que tiene toda persona a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, el deber del Estado de fomentar el empleo, de promover la iniciativa privada y la organización social garantizando la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, de dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país; con fundamento en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, productividad y solidaridad, a objeto de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad.

    En la realidad venezolana existe un sector de la población en forma organizada o no, que por sus características socioeconómicas no cuentan con las oportunidades necesarias para su desarrollo económico y social. El Decreto Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, tiene como finalidad que estos sectores accedan a una ocupación productiva por sí mismos o en forma asociativa, al autoempleo, creen nuevas fuentes de empleo e ingresos y generen un flujo de bienes y servidos que potencien sus capacidades productivas a objeto de asegurarse una existencia digna y provechosa y su participación equitativa en el disfrute de las riquezas.

    En aras de mejorar la calidad de vida de la población mediante la creación de oportunidades para su crecimiento económico y el aumento en las fuentes de trabajo, para las personas naturales autoempleadas o desempleadas, como para aquellas que se encuentran asociadas y desarrollan o pretendan desarrollar una iniciativa económica, es imprescindible la creación e instrumentación de este Sistema Microfinanciero, para democratizar el acceso al capital, con o sin intereses, como un factor clave para la promoción y desarrollo de las iniciativas económicas alternativas de los usuarios de este sistema; y ‑ como oportunidad para fortalecer un proceso económico en los sectores populares que se inserte con éxito en la planificación del desarrollo armónico de la Nación.

    El presente Decreto Ley asegura que las mencionadas iniciativas reciban respaldo en materia de financiamiento, de información, capacitación, soporte tecnológico, asesoría técnica, articulación productiva, apoyo psicosocial y organizacional; en los términos y condiciones apropiados, oportunos y equitativos, contribuyendo a la eliminación efectiva de los obstáculos estructurales que impiden, a las iniciativas económicas populares, el acceso a tal apoyo.

    En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del articulo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.076 de fecha 13 de noviembre de 2000, en Consejo de Ministros,

el siguiente,